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Aguijón social

Alfonso Suárez AriasTÚ, ¿POR QUIEN METES LA MANO EN LA CANDELA?…!

Afirmar que el fallo del procurador haya sido injusto y fuera de toda proporción, exige analizar el pliego de cargos y el cuestionamiento de las políticas públicas propuestas por el mandatario investigado; hasta determinar la subjetividad con la que se le endilgaron inculpaciones.

Si, como consecuencia de la aplicación e interpretación de la ley 734 de 2002, Art. 48, incurrió en conducta dolosa, fundamentada en advertidas notificaciones sobre ilegalidad de sus actuaciones, entonces es de esperar que en desarrollo de las garantías y de un debido proceso, la justicia penal haga su pronunciamiento y manifestación de competencia al respecto.

Pero, todo apunta que se imputa y juzga al Alcalde Petro, por expedir consciente y voluntariamente el decreto 564/2012, monitor del nuevo esquema de recolección de basuras, sospechando vulneró con ello; el principio de planeación e indudablemente otros disciplinados, perturbó la libre competencia, atropellando la libertad de empresa, vetó a  operadores privados y puso en peligro la salud y el medio ambiente capitalino, al retardar cerca de 72 horas la recogida en vehículos apropiados.

Del otro lado, la actuación del Procurador, lleva a que los juristas den interpretación y estudio de las funciones y atribuciones, dentro del marco de su competencia, según los Artículos  277 y 278 superior, puesto que el fallo proviene de planteamientos elaborados por la sala disciplinaria de la procuraduría, jerárquicamente por debajo de su despacho.

Las acciones de tutela interpuestas, consideran que al Dr. Petro, se le transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, al ejercicio de los derechos políticos, a la honra, buen nombre, además  invocan derechos de electores y elegidos alineados dentro del esquema de respeto al poder popular, toda vez que la soberanía radica en ese componente del Estado, por encima de leyes expedidas por el legislativo en uso de un poder derivado.

De seguro, la revisión y juicio de la acción de tutela en las altas cortes, servirá para que salga fortalecida en el sistema de justicia y sirva de precedente, concertando argumentaciones jurídicas propugnadas por férreos razonamientos lógicos, que otorgan seguridad jurídica a las acciones de funcionarios investidos por el Estado para actuar en el control disciplinario  o en la administración pública.

Las altas cortes están comprometidas a dilucidar el peso de las decisiones, dictaminar la importancia de confrontar, el derecho fundamental de elegir y ser elegido con el de exigir y repudiar a quien en ejercicio del  cargo y abusando del principio de confianza, que legitimó su posesión en un empleo oficial, no cumpla la obligación que le asigna la Constitución y la Ley.

Y, no es una reforma a las funciones de la procuraduría, la que finalmente dará resultados en la actuación de un funcionario público, es la responsabilidad del elector, la que debe ser consecuente con la elección popular  de personajes cuestionados, que terminan involucrando a la sociedad en una red de pasiones capaces de sesgar la justicia y desinformar a la comunidad en general, con planteamientos mediáticos y a ultranza populistas.

Queda a todo esto una gran lección para el pueblo colombiano, no debe inmiscuirse en discusiones jurídico-políticas, por apasionamientos y simpatías, metiendo la mano en la candela por funcionario alguno, sin tener claro  el origen y consecuencia judicial de la actuación pública.

El Derecho colombiano será el ganador, una vez los Magistrados elaboren los preceptos y reafirmen los dogmas que armonizan con el ordenamiento jurídico y sostienen el respeto al bloque constitucional, la bondad de la acción de tutela y la pétrea defensa de los derechos fundamentales.

 

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