Director de tránsito tiene un mando operativo para avisar a conductores sobre la existencia una fotomulta
Una nueva polémica protagoniza el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, quien el fin de semana anterior llegó hasta el sitio donde se ubican los operarios de las fotodetecciones, a quienes les pidió quitarse de ese lugar ubicado frente al Gran Chalet en la entrada a Aguachica.
El burgomaestre de manera exaltada fue grabado en video por varios de sus acompañantes, en la escena se ve al mandatario intercambiando argumentos con Karla Paternostro, la coordinadora operativa de la Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica.
Sin embargo, EL NUEVO SUR, pudo comprobar que, por orden del alcalde, el Director del Instituto Municipal de tránsito y Transporte de Aguachica, Carlos José Jiménez, en compañía de un grupo de reguladores instalaron una carpa a escasos doscientos metros del lugar donde esta ubicado el carro que hace las fotomultas, con el objetivo de alertar a los conductores para impedir que reciban un comparendo al momento de transitar por ese tramo, ubicado frente al Gran Chalet.
De acuerdo a lo indicado por un regulador y el mismo director del tránsito, ellos estarán instalados en ese lugar hasta cuando la Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica, deje de funcionar en este municipio, y al respecto de la labor que ejercen en ese sector indicaron que es un mecanismo informativa, para evitar que los conductores reciban una fotomulta.
Resulta irónico esta decisión, cuando en el casco urbano de Aguachica la movilidad registra diversos traumatismos derivados de los huecos en las calles, accidentes de tránsito y control vial que deben realizar los respectivos reguladores.
Por su parte, Karla Paternostra, representante de la unión temporal, argumentó que dicha fotodetección electrónica se encuentra autorizada por el Ministerio de Transporte, el cual es de conocimiento por el tránsito municipal bajo el contrato de concesión 001 de 2013, con el que tienen a cargo la operación del sistema de detección y el sistema de semaforización dentro del municipio, y que el día en el que el alcalde llegó hasta el lugar de la operación del sistema, un regulador de tránsito se encontraba acompañando la operatividad del sistema.
La funcionaria también indicó que ese mismo día le presentaron a la policía el permiso del Ministerio de Transporte y la certificación de calibración del radar usado para la fotodetección, otorgado por una empresa certificada en el país, por lo que no hubo requerimientos de desalojo para ellos retirarse de ese sitio.
Reiteró que no se encuentran funcionando ilegalmente puesto que tienen todos los permisos al día y que han socializado su operación en mesas de trabajo con el gobierno municipal, por lo que no entiende el proceder del primer mandatario. De igual manera se encuentra preocupada por esta situación, en la que se encuentra vulnerable su integridad y la de los operarios, quienes ya han sido objeto de atentados.
Destacó frente al recaudo, que el 10% corresponde al Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit) y el monto restante que es un 30% es destinado al Instituto de Tránsito, esto quiere decir que para el 2020 el municipio recibió cerca de $1.200 millones de pesos, en donde el gobierno municipal es quien hace la respectiva destinación.
Así mismo indica que siempre han mantenido los canales de comunicación abiertos con el alcalde, para tomar las medidas jurídicas correspondientes, sin promover la violencia ni incitar a la ciudadanía a reaccionar contra la concesión y sus empleados.
