Polémica por rifas en Centro de Desarrollo Infantil de Aguachica

Varios padres de familia que tienen a sus hijos matriculados en el CDI Mundo Infantil de Aguachica han manifestado su inconformismo ante la venta de boletas de una rifa pro fondos para la asociación que los representa, la cual tiene un valor de 50 mil pesos, algo que consideran exorbitante teniendo en cuenta la realidad actual generada por la pandemia y otros factores sociales.

Sobre el particular, el padre de familia, Samy Ganem, a través de una misiva enviada al director regional del ICBF en el Cesar, Gabriel Castilla Castillo, puso en conocimiento esta situación, en donde explica además que temen por represalias como la de desvincular a sus hijos del CDI.

Agrega que en caso de necesitar estas contrapartidas para cualquier necesidad pertinente, debe ser el mismo operador el encargado de solventar las cargas en este aspecto, pues es su responsabilidad desde que ganó la postulación al Banco Nacional de oferentes en 2019.

En carta abierta a padres de familia y a cuidadores de los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil de Aguachica, la representante de la asociación de padres de familia, Karen Contreras, explica que estos aportes debe ser recaudados por el organismo como contraprestación del servicio (contrapartida) el cual asciende a $120 millones de pesos, valor que debe ser asignado durante el período de atención y es supervisado por el ICBF, estos recursos son destinados para mejorar el servicio a la primera infancia. Señala además que en el caso de la rifa de una motocicleta por valor de $50 mil pesos, se le explica al padre de familia que es de manera voluntaria y que todo esto lo fundamenta en lo estipulado en los estatutos de la asociación.

Sin embargo, Samy Ganen, como vocero de varios padres de familia, manifiesta que se le debe preguntar a los papás si están de acuerdo en aportar a esas contrapartidas y que el operador que seleccione el ICBF asuma en su totalidad el costo de la operatividad del servicio y no los beneficiarios del programa, que son los niños, madres gestantes y familias de todo el país.

EL NUEVO SUR indagó al respecto de esta situación con un abogado, quien manifestó que aquellas organizaciones, asociaciones o fundaciones que contraten con el ICBF, deben contar con una capacidad económica igual o superior al 50% del valor de la propuesta que presentan al momento de participar por un contrato, y que en este caso no se contaría con dicha capacidad al agotar su capacidad adquirida y al adjudicarse el contrato, se estipula en el mismo una contrapartida que el ICBF especifica para estos casos para la alimentación escolar, sin embargo, el profesional del derecho indica que en la mayoría de los casos las asociaciones de padres no cuentan con ese músculo financiero, utilizando dichos recursos que como en este caso saldrían del bolsillo de los padres de familia, sin una mayor vigilancia sobre su destinación.

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