¿QUÉ PASÓ CON EL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS?
Po Óscar Hernán Pallares Ropero
Hace un año, el 8 de junio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar admitió la demanda de medio de Acción Popular contra la Alcaldía de Aguachica interpuesta por el abogado Frayd Segura Romero que pretendía que se le ordene a la alcaldía de Aguachica que garantice el acceso al Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo.
Ante el hecho jurídico, el alcalde se reunió con los gerentes de las empresas de transporte de la localidad y producto de las deliberaciones anunció que iban a iniciar el proceso para convocar públicamente a los interesados en restablecer el Servicio Urbano Colectivo de Transporte.
Hace un año ese histórico acontecimiento debió haberse producido.
Pero no volvió a saberse más del proceso de la Acción Popular y menos de la reactivación anunciada.
Entre tanto una ciudad, con aspiraciones de ser Capital de un Nuevo Departamento, capital de una región como lo es el Sur del Cesar, Sur de Bolívar e inclusive de la provincia de Ocaña, con 125 mil habitantes propios y más de 500 mil en la región, no tiene como transportar a sus habitantes de manera segura. El transporte colectivo urbano legal fue remplazado por flota de motocicletas que transporta a pasajeros de manera no reglamentada por el Ministerio de Transporte. Veinte mil estudiantes deben arriesgar la vida para ir y regresar a sus casas desde el colegio; los visitantes por asuntos médicos (Aguachica ya es capital médica de la región) deben subirse con su enfermedad y todo en motocicletas; vergonzoso es ver a los pasajeros interdepartamentales con destino a la tierra del morrocoy encaramados sobre sus maletas en una moto; la muerte rueda en los motocargas atestadas de personas que van a pasar el sofoco del inclemente clima a las playas de la quebrada Noreán.
En muchos aspectos Aguachica ha avanzado, pero en la garantía del derecho fundamental a la movilización de manera segura y digna ha retrocedido agigantadamente.
La ciudad contaba con el servicio colectivo, además del individual en taxi. El parque automotor de los taxistas era moderno y eficiente. El tesón e inversión de pequeños empresarios garantizaban el servicio. Con la destrucción del servicio colectivo también entró en cuidados intensivos el de taxi.
De esta manera se incrementó el desempleo. Conductores, ayudantes, mecánicos, latoneros, gerentes y secretarias de las empresas y muchos puestos de trabajo indirectos vieron cómo se quedaban en el pavimento.
Hasta impuestos dejó de percibir el municipio.
Además de quitarle a la población el derecho al trasporte en vehículos seguros, la sometieron a graves accidentes a diario con fatales consecuencias en vida y lesionados. Sacar de circulación los buses y busetas de trasporte urbano plagó las vías de motocicletas haciendo de taxis en carreras a muerte por el centavo, y a los hospitales de la ciudad colapsados por accidentados. Tanto muerto, tanto lesionados y tantos lisiados de por vida causa un gran detrimento de la capacidad productiva del municipio. Aguachica está en mora de hacer un estudio para determinar cuál es el impacto negativo para su economía producto de la mano de obra inutilizada por tanto accidente en sus calles.
Nada de eso les ha importado a los diferentes alcaldes, que, por el contrario, vieron una oportunidad en semejante problema: tener cerca de 20 mil motos circulando con pasajeros de manera no autorizada, para ellos son 20 mil votos fáciles de cautivar.
Han pasado dos años y medio de esta administración y cuatro de la anterior, y cuatro de la anterior de la anterior… y la problemática se agrava cada día. Existen más barrios y a más distancia entre ellos, pero para suplir la necesidad de su movilización, los habitantes no cuentan con transporte legal urbano. Pensar que desde hace rato nuestros mandatarios hablan de ciudad región.
PRIMER RECREO: Se produjo lo que todos esperaban y pocos hacían ingentes esfuerzos para que no. La voluntad de cerca de 15.000 personas que firmaron la petición tuvo que ser acatada por el gobernador del Cesar quien mediante decreto 083 de 19 de julio de este año convocó a votación para la Revocatoria.
Como la constitución y la ley garantizan el derecho a equivocarse, es una obligación de todos los que votaron en las elecciones pasadas para alcalde salir a votar el 7 de septiembre.
