Pese a que la Ley 1575 de 2012 define que la responsabilidad en la gestión del riesgo contra incendios, la atención de rescates y la atención de incidentes con materiales peligrosos corresponde a las autoridades locales, departamentales y nacionales, en Aguachica, se ha vuelto recurrente el descuido y la desidia por parte del mandatario de turno en la celebración de contratos o convenios con los cuerpos voluntarios de Bomberos.
El concepto 285341 de 2020, del Departamento Administrativo de la Función Pública, establece, en su artículo 3, que “los bomberos voluntarios se conforman como una asociación privada organizada para la prestación de un servicio público, sin que ello concluya en que prestan función pública; es decir, que su naturaleza jurídica es privada”.
De acuerdo a este mismo concepto, es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. Por ende, “para atención de incendios, rescates y en general atención de incidentes, las entidades territoriales podrán celebrar contratos o convenios con bomberos voluntarios, quienes prestarán ese servicio público”.
En el municipio, aparentemente no se tiene en cuenta este concepto, pues, aunque se realizó un convenio con la administración municipal en el año 2022, de cinco desembolsos par la atención de emergencias, sólo se realizaron dos, los otros tres aún se deben. “A la fecha, no nos han dado respuesta de ese dinero. Estamos atendiendo con el mínimo de recursos que ingresan. Ya se le notificó a la Dirección Nacional de Bomberos el requerimiento y el apoyo que necesitamos de su parte, porque como estamos es muy difícil la atención de emergencias”, afirma Beatriz Durán, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguachica.
Con el fin de no suspender labores, el Cuerpo de Bomberos ha trabajado con recursos propios para mantener sus servicios a la comunidad, ante las largas que le dieron al presupuesto del año pasado, pero ya no tienen la posibilidad de financiar la capacidad operativa de personal y vehículos apagafuego sin la sobretasa, así como no les corresponde poner de su bolsillo.
Adicionalmente, la comandante indicó que “para las unidades no tenemos monogafas, guantes, caretas y el resto de elementos de protección personal. Tampoco tenemos combustible para los vehículos. La situación está bastante pesada. Incluso, los cuerpos de bomberos que tenemos a los alrededores (Pelaya y San Alberto) tienen la misma situación, no tienen convenio ni recursos”.
Ante ese panorama, es claro que la responsabilidad de cualquiera de las contingencias que puedan llegar a presentarse en los próximos días, recae sobre la administración municipal; y se vuelve necesario recordarle, una vez más, que la prestación de los servicios de emergencia constituye un servicio público esencial a cargo del Estado.
