Por Diógenes Armando Pino Sanjur
En 1991 gracias a la lucha de los estudiantes se pudo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito era establecer un gran pacto político y social donde participaran minorías étnicas, religiosas y partidistas tradicionalmente marginadas de las grandes decisiones políticas, para construir una hoja de ruta, que garantizará la recuperación del país, de las fuerzas oscuras que pretendían desestabilizarlo y doblegarlo.
En consonancia con esta necesidad el 4 de julio de 1991 se proclamó la nueva Constitución Política, la cual promulgo que Colombia es un Estado Social de Derecho, introduciendo con ello, grandes cambios como el reconocimiento a la dignidad humana, la entrega de una carta de derechos fundamentales, se consagra una apertura política y social, se brinda más autonomía político-administrativa a las regiones, entre otras, suprimiendo el absolutismo de la Ley como máxima expresión de derecho frente a cualquier otro postulado.
A pesar de las garantías brindadas por nuestra carta magna, donde funda el estado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las personas y reconociendo el mínimo de derechos y garantías, todavía padecemos mucha injusticia, vulneración y flagrante violación a nuestros principios constitucionales, donde no se nos asegura la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.
Transcurrido más de 30 años que los estudiantes lograran una victoria histórica, sobre intereses sombríos que buscaban la ingobernabilidad del país para sacar provecho y acrecentar sus fortunas, no se ha logrado materializar los fines y principios que rigieron la constitución, es por ello, que se hace necesario grandes reformas en salud, en educación, lo laboral, electoral y justicia que permita un estado justo, equitativo y con oportunidades.
Pero existen intereses oscuros y grandes poderes económicos que buscan de cualquier forma, que estos grandes cambios no se concreten, aunque ya no con las mismas patrañas de los años 80 o 90, puesto que descubrieron que en los tiempos modernos la información y los medios de comunicación son un poder muy influyente, es por ello, que se apropiaron de estos, y desde allí buscan desestabilizar al país, polarizar a la sociedad, desacreditar a los líderes que van en contravía de sus intereses, para lograr incidir en las decisiones de los gobiernos, con la desinformación y una nueva forma de Estado, el Estado de Opinión y/o Comunicación.
Muchos periodistas y medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos, perdiendo su función primordial de informar de manera objetiva, idónea, veraz, oportuna e independiente, para convertirse en caja de resonancia de grandes conglomerados y sus intereses, perdiendo la transparencia, dejando de ser los voceros de los ciudadanos, para convertirse en los voceros de sus amos.
Es hora que retómenos la idea “todavía podemos salvar a Colombia” que permitió la Constituyente del 91, nos revelemos y no nos dejemos imponer un Estado de Opinión que solo busca que la hegemonía política que les conviene prevalezca, donde blindan a unos y atacan a otros, inventando crisis, polarizaciones y grietas que solo buscan el estatus quo, que las grandes reformas y cambios que requiere el país para que se constituya un verdadero estado social de derecho no se concreten.
