En un fallo proferido por la Contraloría General de la Nación, se dio respuesta a las denuncias interpuestas por la personera municipal de Aguachica Johana Caviedes Pabón, sobre las irregularidades en la contratación del transporte escolar en las vigencias 2021 y 2022 con la empresa Transporcol, donde se evidenció que el municipio pagó por 53 días de prestación del servicio, pero los estudiantes sólo recibieron el servicio de transporte escolar 44 días, situación que fue certificada y corroborada con los rectores de las instituciones educativas beneficiadas.

     En la sentencia el organismo de control le ordena al alcalde Robinson Antonio Manosalva Saldaña, devolver al erario público cerca de 400 millones de pesos por haber incurrido en detrimento patrimonial, al contratar a una empresa de transporte escolar (Transportcol), un servicio que no se prestó, además, dicha empresa no cumplía los requisitos para prestar dicho servicio.

     Con este fallo la Contraloría General de la Nación, respondió a una denuncia que, por dichas irregularidades, hiciera ante ese organismo de control, la Personera de Aguachica Johana Caviedes.

     Por su parte la Personara de Aguachica, Johana Caviedes, a conocer a los medios de comunicación de esta localidad la respuesta positiva entregada por parte de la Contraloría General de la Nación, en torno de denuncias presentadas el primero de abril, sobre irregularidades en el contrato de transporte escolar vigencia 2021 y 2022.

     La Personera indicó que en 2021 el contrato fue por un término de 51 días, pero al recibir la queja de padres, porque el servicio no estaba siendo prestado todos los días, se les solicitó a los rectores que certificaran el mismo, y estos dijeron que el transporte escolar se brindó por espacio de 44 días solamente.

     No obstante, afirmó Caviedes, el municipio pagó 53 días cuando solo habían prestado el servicio solo por 44 días, por lo que ella denunció el hecho ante los organismos de control, por haber el alcalde incurrido en peculado.

      Añadió que se logró demostrar además que la empresa no contaba con la licencia de operación, y que no les pagaba la seguridad social a sus conductores, poniendo en riesgo la salud y vida de los niños.

      Pese a estas irregularidades, el 6 de marzo del presente año, la alcaldía de Aguachica, volvió a adjudicar el contrato a la misma empresa Transporcol, incurriendo en un concierto para delinquir. “¡Como va a volver a contratar con los mismos!” dijo la Personera.

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