Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista

    Mientras que el magisterio nacional tiene como bandera la lucha frontal por la defensa de lo público y contra la corrupción, las prestaciones sociales del magisterio funcionan de manera opuesta a estos ideales. Lo que ha llevado a FECODE a una crisis por corrupción en el Fondo de prestaciones sociales, FOMAG.

    Con mis asesores periodísticos Wicho y Moncho amables lectores es hacerles un recuento de cómo se inició el proceso de pérdida de derechos y de privatización del servicio de salud de los docentes. Fue, el antecedente de la Ley 100 de 1.993 que privatizó la salud del pueblo colombiano y que a ellos no afectó, pero la ley del péndulo existe y ahora les va tocar bailar con la más fea. Qué ironía en un gobierno progresista.

     Pero centrémonos en la Ley 91 de 1989, negociada por FECODE con el gobierno de Cesar Gaviria y el senador ponente de dicha ley, Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de pérdida de derechos y de privatización del servicio de salud de los y las docentes colombianos. Con esta ley se selló la pérdida de derechos del magisterio: primas departamentales y municipales, pensión de gracia, haciéndola retroactiva, Según el artículo 15, numeral 2. Pensiones. “Para docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”. Se cambiaron 12 mesadas de la pensión gracia por “una prima de medio año”

     Así fue como, con el respaldo de Fecode, la salud del magisterio pasó de ser un derecho que estaba a cargo del Estado (Caja Nacional de Previsión Social y Cajas departamentales de previsión social) que, en honor a la verdad, prestaban un pésimo servicio y sus recursos eran el botín de los corruptos que administraban dichos recursos, a ser un negocio privado, una mercancía ofrecida al libre juego de la oferta y la demanda en el mundo del mercado.

    El remedio resultó peor que la enfermedad, por la simple razón de que el fondo nació infectado por tres virus letales, la privatización, la corrupción y la pésima calidad del servicio. Hay datos que demuestran como los prestadores privados contratados, dolosamente “destinan el 70% para la ganancia y 30% para atender la salud de los maestros” (Willy Carmona. Directivo de Fecode) Ese regalo se lo deben los mercaderes de la salud a dos presidentes neoliberales y corruptos, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, los servicios prestados, tanto por las EPS, como por los operadores privados del magisterio, son de pésima calidad. El lucro prima sobre la garantía del derecho. Así es como funcionan el Estado capitalista y el régimen neoliberal.

    La corrupción en la administración de los recursos del FOMAG, ha sido práctica de más de treinta años de manejo de los recursos que provocó la profunda crisis por la que atraviesa el fondo administrado por los distintos gobiernos y avalado por Fecode.

    En reciente reunión del Señor presidente con voceros de la federación, presentó el mapa de la corrupción que se ha apoderado de la administración de los dineros del fondo; en síntesis, los puntos centrales son:

     Demora intencional del pago oportuno de las prestaciones sociales solicitadas por maestros y maestras, para propiciar que un pool de abogados interponga las demandas para cobrar la sanción moratoria, cuyo pago por fallos judiciales representa sumas millonarias que enriquecen a los abogados y desangran de manera continuada el fondo.

      Crítica situación administrativa y financiera del FOMAG creada por la corrupción en el manejo de los dineros destinados al pago de cesantías y pensiones y el retraso deliberado en el pago oportuno de las mismas.

     Claramente, en Fecode estalló una profunda crisis de dirección y de cuestionamientos éticos alrededor de la corrupción en el manejo de los cuantiosos recursos del FOMAG, que venía larvada desde hace décadas.

     Ante la actitud negligente de Fecode, que, se negó a asistir a una reunión convocada por el gobierno para acordar los términos del comité técnico propuesto por el presidente, Petro hizo pública su decisión en una terminante declaración pública en la que dijo: “En los últimos gobiernos, con los recursos del Fomag se está financiando una red de corrupción y se está diluyendo el recurso de los maestros financiando esta red de corrupción, que termina  quitándole los mejores servicios de salud a los maestros y a las maestras,  lo que si queremos garantizarles  es el mejor servicio posible, con las mejores clínicas y hospitales  en cada región, son 10 regiones, para los maestros y las maestras de Colombia, entonces, detalles  de la red de corrupción, indudablemente  se tramitaran con la justicia o con las instancias competentes,  pero nosotros no vamos a permitir que se roben el dinero de los maestros”.

      La crisis administrativa y política del FOMAG es de vieja data y de grandes proporciones; la extinguida revista Alternativa, que dirigían el maestro Orlando Fals Borda y el profesor Adalberto Carvajal Salcedo, expresidente de FECODE, en ese entonces, desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, hizo sustentadas denuncias en su momento sobre hechos de corrupción, que comprometían a dirigentes de la federación en la adjudicación de dichos contratos, pero el fiscal general y el gobierno del presidente Ernesto Samper de la época, hizo caso omiso y miró para otro lado. El magisterio de todo el país, ha expresado rechazo rotundo al pésimo servicio de salud prestado por los mismos operadores de siempre en los más de 30 años de existencia de este malísimo sistema.

     El paro que Fecode debe convocar debería ser para llamar al magisterio a desenmascarar la mafia de funcionarios del FOMAG y abogados que saquean los recursos del fondo mediante artimañas administrativas y judiciales y poner fin al corrupto sistema privado y de integración vertical de operadores particulares, que se lucran por más de un billón de pesos cada año, recursos que podrán servir para mejorar el servicio de salud del magisterio y fortalecer la red hospitalaria pública.

Tomado del Espectador, José Arnulfo Bayona, Exvicepresidente de FECODE

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