Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista
Amables lectores la conversación con Pablo mi nieto tiene como objetivo principal hacer referencia al aumento salarial de los congresistas, los cuales ganan más en promedio que los altos ejecutivos según cifras de la consultora en talento humano LHH Colombia, en promedio, un gerente o presidente de empresa pequeña o mediana está ganando de $25 a $35 millones, mientras que compañías grandes está el ponderado arriba de $35 millones. Es decir, $18 millones menos que un congresista.
Si se toman los ingresos del 70% de la fuerza laboral que gana un salario mínimo, la comparación es más alarmante. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, los Congresistas ganan más que 99,4% de los hogares colombianos. Esto es, cada uno de ellas y ellos es más rico en ingresos mensuales que casi todos los demás colombianos.
En términos prácticos, una persona que gana un salario mínimo, tendría que trabajar tres años para ganar lo mismo que recibe un congresista en un mes.
Entonces Pablo me dice abuelo cuando sea mayor quiero ser congresista. Qué rico ser congresista
Hace un par de años el investigador Jorge Galindo hizo el ejercicio comparativo de ingresos de congresistas colombianos con los de varios países suramericanos y europeos; el resultado, tenemos a los legisladores más costosos del planeta.
En este sentido los constituyentes de 1991 son los responsables del absurdo nivel salarial de nuestros legisladores: ese año su salario era equivalente a 14 salarios mínimos; hoy es de 37 y aumenta año a año la diferencia, como acaba de pasar. Pero si sumamos las demás gabelas de primas, vacaciones y cesantías, ese valor será de 49 salarios mínimos.
El salario nunca ha sido, para muchos de los mal llamados “padres de la patria”, el objetivo central de ser elegidos para una curul. Los impresionantes gastos de sus campañas, que pueden superar los $15.000 millones para cada uno de ellos en las listas abiertas, reflejan a las claras el verdadero propósito, que no es legislar ni hacer control político al gobierno sino el uso extorsionista, de tráfico de influencias, control de cargos y contratos en los otros dos poderes, el ejecutivo y judicial.
Al final de su período de cuatro años, un congresista recibe en sus cuentas entre $2.000 millones y $2.500 millones, descontando pagos de seguridad social e impuestos. ¿Cómo se justifica entonces que gastó en su campaña de elección mucho más que eso, y pese a ello, sale de su curul o permanece en ella con alto nivel de vida y nuevas propiedades?
Dicho de otro modo, en los últimos años se ha acuñado el término ‘mermelada’ para aludir a incentivos burocráticos, al derroche de recursos públicos, por acuerdos del Ejecutivo con congresistas para destinarlos a burocracia o a contratos fuera de todo control. Incentivos contractuales o económicos a favor de los legisladores, con miras a lograr la aprobación de proyectos de ley o reformas. Ello ha dado lugar a que algunos congresistas asuman inicialmente una aparente actitud contraria a las iniciativas, para obtener después esos indebidos beneficios, como contraprestación por sus votos favorables.
A los congresistas se les paga y reajusta cada año su asignación -tal como lo contempla el artículo 187 de la Constitución- para que cumplan su función. Fuera de ella, no deben esperar recompensa alguna, ni del Gobierno, ni de particulares. Ni cargos, ni contratos. Menos aún dádivas ni dineros, y mucho peor si son dineros públicos desviados de manera corrupta. Todo eso es delictivo y debe ser sancionado ejemplarmente.
Conclusión: La Carta Política y la Ley 5 de 1992 -Reglamento del Congreso- contemplan los debates, en comisiones y plenarias. Los mismos tienen por objeto la discusión de los proyectos. Se delibera y se vota, en ejercicio de una función pública independiente, no para pagar prebendas o canonjías. La legislación ni se compra ni se vende.
