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Comisión 3ª del Concejo dio ponencia negativa a proyecto que busca modificar el acuerdo 018 de 2016

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Los corporados rechazaron tajantemente la pretensión del alcalde de contratar por encima de los 3.350 salarios mínimos sin contar con la autorización del cabildo

Un duro debate de más de 2 horas, realizaron el pasado martes 30 de octubre, los ediles que hacen parte de la Comisión 3ª Permanentes de Gobierno y Asuntos Generales, al cuestionar el proyecto de Acuerdo 027, radicado por la Administración Municipal, por medio del cual el alcalde Henry Alí solicitó la modificación del Acuerdo 018 de 2016 en su numeral 4º del artículo 5º.

Los concejales Ania Guevara, autora de la ponencia negativa, Leither Alejandro Núñez, Dainys Peláez y Samy Ganem, consideraron que lo que el mandatario municipal quiere con esa modificación es tener el camino expedito para realizar contratos por encima de los 3.350 salarios mínimos sin tener que contar con la autorización del Concejo Municipal, basándose en un argumento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pero pasando por alto la Sentencia C-738 de 2001 de la Corte Constitucional, Máximo organismo de los contencioso.

El florero de Llorente, que prendió las alarmas y, por cierto, también el debate en el Cabildo, fue la actitud del alcalde Henry Alí Montes de solicitar la modificación del artículo 5º del Acuerdo 018 de 2016 que a la letra dice: “los contratos y/o convenios que superen los límites de 3.350 salarios mínimo legales mensuales vigentes, requieren de la autorización expresa y/ o específica del Concejo Municipal” .

Lo paradójico es que después de dos años de estar en vigencia el susodicho Acuerdo 018, e incluso de haberse valido de él el mandatario local para solicitar el año pasado del Cabildo la autorización para contratar las obras del estadio Municipal y otras que superaban los 3.350 salarios mínimos, hoy decida, para tener el paso libre para poder efectuar la contratación de obras de pavimentación a través de un empréstito bancario por 11 mil millones de pesos, mediante la pignoración de la sobretasa a la gasolina.

“Entonces cerremos el concejo, qué estamos haciendo aquí si el alcalde ya no necesita de esta corporación ni siquiera para hacerle control político” fue la frase que soltó el concejal Leither Núñez, ante la pretensión del mandatario local. El abogado Núñez Yazzo indicó seguidamente que el acuerdo 018 de 2016 fue aprobado y la misma administración le dio el visto bueno y hasta hizo uso de esa norma, con la finalidad de que el gobernante local no tuviera que estar cada tres meses o más solicitando autorización del Concejo para contratar obras de 200, 600 millones o más, pero que, al superar los 3.350 salarios mínimos, era necesaria la autorización del cabildo. “Ahora resulta que al alcalde no le sirve el Acuerdo 018 porque quiere tener vía libre sin la autorización, ni control político y seguimiento del Concejo. Como el Sr. Alcalde no necesita del concejo, entonces cerremos esta corporación, apague y vámonos, ya que no podemos cumplir nuestras funciones constitucionales”.

Para el presidente del Concejo Municipal, Dainys Peláez, es perturbadora y fuera de contexto la decisión del alcalde Henry Alí de querer cercenar el acuerdo 018 después de dos años de haber sido aprobado y entrado en vigencia dándole paso a la reglamentación del cabildo; indicó que, incluso el mismo mandatario utilizó esa norma el año pasado solicitando su autorización para contratar por encima de ese número de salarios. “lo que hizo el Concejo fue reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa de este, en ninguna parte del Acuerdo 018 se dice que el mandatario no puede contratar, sí puede contratar hasta 3.350 salarios mínimos legales, de manera que no le estamos limitando el ejercicio de sus funciones con la reglamentación que el concejo hizo mediante el acuerdo 018. Entonces, el alcalde sí tiene como contratar, claro que lo que, sí tiene que tener en cuenta es que, por encima de ese número de salarios, debe solicitar la aprobación de la corporación” apostilló el Sr. Peláez.

Otro de los corporandos que expresó su inconformidad y rechazo al proyecto de Acuerdo 027 del gobierno municipal considerándolo incluso retardatario, fue Samy Yamil Ganem Pacheco, quien expresó en tono molesto lo siguiente: “No veo un fundamento, de pronto serio, por parte de la administración municipal para pedirle al Concejo mediante el Proyecto de Acuerdo 027 de octubre de este año, que modifique, elimine o derogue el numeral 5º del artículo cuarto de esa norma; si nosotros como cuerpo legislativo municipal no podemos hacerle control político al alcalde, entonces esto no está funcionando, que hacemos aquí. El contrato de pavimentación de vías en la ciudad, supera tres veces los 3.350 salarios mínimos y para ejecutarlo el alcalde necesita de nuestra autorización, pero quiere pasar de largo desconociendo al Concejo que tiene la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal atribución”.

Lo que se rumora en la ciudad

Al margen del debate que se dio en las instalaciones de la Corporación edilicia el martes 30 octubre, lo que está causando preocupación y se ha vuelto un runruneo constante en los corrillos callejeros, es lo que se afirma de que de los 11 mil millones de pesos ya salió la mermelada para engordar los bolsillos de los ediles de la coalición mayoritaria del Concejo por haber aprobado la iniciativa. Igualmente se afirma que los sectores que estaban programados para ser pavimentados se están cambiando de destino para complacer a algunos concejales. Sobre este asunto que repetimos, preocupa por cuanto un concejal asume su investidura con el voto popular es para trabajar de verdad, con honestidad y transparencia en bien de la comunidad y no para enriquecerse con dineros públicos. Esta deshonrosa situación la venimos investigando para recaudar todas las pruebas posibles y darlas a conocer a nuestros lectores.

Lo que dice el consejo de estado

El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil No. 1371 de 2001, “la autorización del Concejo Municipal se requiere”, y “la suscripción de contratos. En síntesis, la atribución del concejo municipal de señalar qué contratos requerirán su autorización, está regido por un principio de excepcionalidad, según el cual, frente a la facultad general de contratación del alcalde municipal, solo estarán sujetos a un trámite de autorización previa aquellos contratos que determine la ley o que excepcionalmente establezca el concejo municipal cuando tenga razones suficientes para ello.

La corte constitucional sostiene

Sentencia C-738/01
“Si los Concejos pueden reglamentar el ejercicio de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de autorizar al alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales corporaciones cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal atribución, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con anterioridad, una regulación detallada del tema. Así, en criterio de esta Corporación, este último precepto constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador haya confirmado que las Corporaciones municipales de elección popular tienen la posibilidad de reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, cual es la de otorgar al correspondiente jefe de la administración municipal autorizaciones para contratar”
También el alto Tribunal de lo Contencioso, señala:, “Corresponde a la facultad del concejo municipal de establecer qué contratos de los que debe celebrar el alcalde como representante de la entidad territorial, deben ser autorizados por esa corporación (…) En relación con la reglamentación de esa autorización (art.32-3 de la Ley 136 de 1994), la Corte Constitucional advierte que ella se refiere a la reglamentación no de la función contractual del alcalde, sino del procedimiento interno que habrá de seguirse en los concejos municipales para tramitar las solicitudes de autorización de contratos en los casos en que ésta se ha previsto.”

Los Concejos municipales deben tratar previamente en sus reglamentos internos el procedimiento para tramitar las autorizaciones al Alcalde en materia contractual de manera indefinida y, señaladas por la Constitución Política y la Ley 136 de 1994 y los casos adicionales en que sea de importancia el otorgar puntuales autorizaciones al burgomaestre para celebrar determinados contratos de impacto e importancia para el desarrollo administrativo y, así evitar que los Acuerdos respectivos se declaren nulos por los Tribunales administrativos por extralimitación de funciones de parte de los H. concejales que pueden derivar en sanciones disciplinarias y penales en armonía con los conceptos del Consejo de Estado con Radicados No. 2215 del 9 de octubre de 2014 y 2238 del 11 de marzo de 2015 y la sentencia de la Corte Constitucional C-738/01,el cual referimos.

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