Libertad de expresión, ética y criminalidad de Estado

Por: Diógenes Armando Pino Ávila

    En un país donde todo se ventila a través de los medios de comunicación, moda impuesta por el uribismo en los veinte años que lleva detentando el poder gubernamental en Colombia. Un país donde se juzga y lapida en la prensa y la televisión al funcionario o ciudadano que trasgreda la Ley, claro está, esa lapidación y juzgamiento se hacía acorde a la ideología del medio que publicaba o investigaba. Esto era posible ya que los noticieros y periódicos había una especie de ventana que permitía que periodistas independientes asomaran opiniones contrarias a la ideología dominante del medio, la que siempre estaba alineada al gobierno.

    Todo eso es historia patria, pues los dueños de los medios de comunicación, sean radio, televisión periódicos o revistas pasaron a manos de grupos de capital (Grupo empresarial Santodomingo, Organización Luis Carlos Sarmiento, Organizació Carlos Ardila Lula y Gabriel Gilinski). Grupos estos que dominan la opinión y que poco a poco y utilizando diferentes medios y motivos han presionado a los periodistas independientes que osaban levantar su voz para denunciar el abuso de poder y la explotación o sobre explotación del pueblo colombiano, los han empujado y arrinconado a tal punto en que la ética, la dignidad y el profesionalismo de esos periodistas no aguantaron optaron por renunciar y decidieron enhorabuena, organizar sus propios canales en las redes donde igual hacen las denuncias de las arbitrariedades y abusos de poder del gobierno, su grupo político y los empresarios en torno a sus políticas.

    Primero Daniel Coronell el periodista más leído de Semana, le siguieron entre otros Daniel Samper Pisano, Daniel Samper hijo, Ricardo Calderón, Alejandro Santos, María Jimena Duzan, Johanna Álvarez, Jaime Flórez y muchos más lo mismo que caricaturistas de reconocido ingenio. Este fenómeno de presión y renuncia muestra a las claras que el talante de este gobierno cada día se torna más dictatorial y no soporta la crítica de sus actos, es decir cada vez se parece más a Maduro y a pesar de que permanentemente está criticando al dictador vecino.

    Volviendo al tema de la publicidad de los asuntos judiciales, moda impuesta por el uribismo, y que festejaban y aplaudían en aras a la libertad de prensa y libertad de expresión, ahora se les ha convertido en una papa caliente al gobierno, por ello es la presión que hacen a los periodistas independientes, los que se ven obligados a renunciar a sus columnas, pero no a su obligación ética de denunciar y publicar con transparencia. Ante la desbandada vemos como revistas antaño prestigiosas como semana, en estos momentos se ven calzas prietas para mantener a gatas una audiencia que no soporta la actitud rodillona de sus editoriales y que día a día pierde lectores ante los aspavientos tuiteros de Vicky Dávila que tira dardos envenenados contra todo lo que piense diferente al uribismo.

    Es tal la presión y es tan de bulto las irregularidades del gobierno y su séquito de correligionarios, que, hasta Doña Salud Hernández, uribista pura sangre y de talante anti petrista declarada, se sale de las ropas con el espectáculo pueril del gobierno y sus vacunas. La JEP anuncia en los medios que los mal llamados “falsos positivos” no son los dos mil y pico que venían sosteniendo a nivel gubernamental, sino que ya llegan a 6.402 y con la tendencia a engrosar la cifra en la medida en que se avanza la investigación.

    Este dato levantó ampollas en el mismo Dr. Álvaro Uribe Vélez, quien airadamente salió a los medios a descalificar La JEP aduciendo que esa cifra tenía un sesgo político y que el ánimo era desprestigiarlo a él. Yo me pregunto, tal como se preguntará posiblemente todos los colombianos del común, los que esperamos ver clarificado este oscuro episodio de la historia colombiana, nos hacemos la pregunta: ¿Por qué se sintió aludido el ex senador? Si de todas maneras para la mente civilizada dos mil muertos es, de por sí, una cifra escandalosa que crispa, la mente civilizada, máxime si estas muertes y torturas las hizo miembros del estado, por directrices trazadas desde altas esferas del poder.

   Creo que la Corte Penal Internacional CPI, debe hacerse cargo de la investigación y juzgar con rigor y severidad los crímenes de guerra de los falsos positivos y llevar a prisión internacional a los autores materiales y los determinadores de esos crímenes caiga quien caiga. Ya está bueno de tanta impunidad y que la prensa, los medios, los periodistas independientes y éticos, están en la obligación de ayudar a Colombia denunciando, investigando y publicando todos estos turbios casos que han enlutado al país.

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