Amables lectores la conversación con Pablo mi nieto tiene como núcleo central en esta oportunidad darles a conocer el comportamiento de ciertos jueces y magistrados que los hace ver como adscritos a las derechas que funcionan desde diferentes partidos políticos; es decir la simpatía o militancia subyacente en los jueces como ciudadanos, que se puede traducir en respaldo a la ideología de esos partidos sin llegar al proselitismo abierto, simplemente se inclinan dependiendo de los casos que tengan un componente político. Pero con el paso de los años sobre todo en un país de tradición bipartidista (160 años desde 1848) y de pluripartidismo binario (33 años); porque desde 1991 hay pluripartidismo en la Constitución (artículo 107), pero el comportamiento sigue siendo bipartidista, con diferentes nombres de fachada. Al llegar al gobierno nacional una coalición de izquierdistas y progresistas (EL PACTO HISTÓRICO), no cambió el comportamiento de la Rama Judicial, conservatizada de suyo porque los jueces se forman para hacer respetar lo establecido dentro del estado de derecho.
Se habla desde hace años en América Latina de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, con diferentes usos y aplicaciones de acuerdo a las conveniencias de quienes mueven los hilos del poder, o contrapoder. Hoy esa práctica se denomina en muchos países LAWFARE (guerra jurídica), para combatir al adversario con el derecho y aminorarlo, obstruirlo, asfixiarlo, con encerronas jurídicas y no dejarlo gobernar. LO QUE PERDIERON EN LAS URNAS LO QUIEREN RESCATAR EN LOS ESTRADOS JUDICIALES.
La misma Constitución, o sus reformas le dan a las Cortes Judiciales facultades para nominar y escoger, así se politiza la justicia y de allí devienen los intercambios de favores y los compromisos con los escogidos, pervirtiendo las instituciones y deteriorando la Democracia.
Ese cúmulo de leyes malformadas son un muro que impiden Gobernar para transformar, o sea impiden avanzar en sentido contrario a los intereses afincados; todo se agravó con el neoliberalismo galopante desde 1991 hasta hoy (desde el Gobierno de Cesar Gaviria hasta Iván Duque) donde los derechos sociales de la Constitución de 1991 fueron convertidos en negocios y mercancías (LA EDUCACIÓN Y LA SALUD) en manos de empresarios.
Son tres factores visibles los que ralentizan la justicia en un país sin cultura política y de atraso democrático. Por un lado, cuando asciende al poder un partido o una formación políticos nueva, no bipartidista, comienza a funcionar la justicia al servicio de grupos de presión y ponen en marcha el Lawfare, o sea la justicia como un brazo de partidos políticos o coalición de partidos moviéndole la tesitura a los jueces. 2). Sin descontar la corrupción interna que desvía y pervierte las decisiones judiciales, y 3). El miedo que inmoviliza o congela las sentencias judiciales por las amenazas que reciben los jueces tanto de la criminalidad común, de las mafias y de los actores armados.
Para terminar cito un análisis de Roberto Córdoba Triviño que nos hace reflexionar sobre este tópico: “Otro círculo vicioso, como gol a la justicia: 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) son electos por ellos mismos, se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura; 2. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia; 3. Los Magistrados de la Corte Constitucional, son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia; 4. La Corte Suprema de Justicia, nombra a los Magistrados de la CSJ y Magistrados de los Tribunales Superiores en provisionalidad; 5. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial; 6. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen fiscal general de la Nación; 7. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general. Como se puede ver, son súper poderes que giran en torno a ellos mismos, y 50 millones de colombianos, estamos gobernados por la voluntad de 23 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los cuales no votamos. Esta es la razón que explica: Colombia requiere una reforma estructural del Estado y eso, solo se lograría con el ejercicio del poder Constituyente a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de un Referendo constituyente: el pueblo votando y reformando en el acto electoral”.
FUENTE: Revista Sur
