Una presunta irregularidad denunció el portal de La Silla Vacía por valor de 30 mil millones de pesos, (sin contar con la interventoría) para la remodelación del hospital de San Martín, ESE Álvaro Ramírez González, forma parte de un entramado de irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria durante el gobierno de Gustavo Petro. La investigación revela un presunto «carrusel de contratación» que involucra a contratistas con vínculos políticos y procesos licitatorios cuestionados, en los que se habrían favorecido intereses particulares.
El mencionado contrato del hospital de San Martín, adjudicado en 2024 mediante convocatoria pública número 001-2024, fue otorgado a un consorcio denominado “Consorcio San Martín”, integrado por TGA Asociados (con NIT 901.424.605-4)y el contratista Carlos Olarte. El valor total del contrato es de $30.787.836.611, adjudicado directamente por el propio hospital.
La cuestionada firma TGA Asociados está conformada por los hermanos Mauricio y Germán Tarazona Torres, junto con Carlos Gutiérrez, quienes tienen una trayectoria de contratos modestos y cuestionados a través de la fundación Corporación Sersocial. Por su parte, Carlos Olarte es un contratista con antecedentes de incumplimientos en Valle del Cauca y el Eje Cafetero, pero desde 2022 ha experimentado un auge en contratos públicos. Este consorcio se benefició de una licitación exprés en la que fue el único oferente, una práctica que se repitió en otros cinco hospitales investigados.
La interventoría del contrato, encargada de vigilar el correcto uso de los recursos, está a cargo de un consorcio liderado por Sitelsa, una empresa con vínculos directos con los contratistas. Según la investigación, Sitelsa tiene conexiones con TGA Asociados y con Discep, una firma que posee el 30% del consorcio constructor en este contrato. Específicamente, Héctor González Gómez, accionista de Discep, aparece en expedientes de la Cámara de Comercio de Sitelsa, y Juan Carlos Mantilla, revisor fiscal de Discep, fue miembro de la junta directiva de Sitelsa. Además, TGA Asociados y Sitelsa colaboraron previamente en estudios para el hospital de Málaga, Santander, lo que sugiere una relación estrecha que compromete la independencia de la interventoría.
En la investigación se pudo detectar que se realizó una contratación EXPRES: La convocatoria dio solo entre uno y tres días hábiles para presentar ofertas, un plazo insuficiente para elaborar propuestas detalladas para una obra de esta magnitud, lo que limitó la competencia y favoreció al consorcio de TGA y Olarte como único oferente.
Requisitos desproporcionados: Se exigió acreditar experiencia con cinco contratos previos ejecutados y liquidados, una condición que parece diseñada para restringir la participación de otros competidores.
Perfiles laborales duplicados: El consorcio presentó hojas de vida de profesionales, como Alexis Rondón, comprometidos simultáneamente en varias obras, con horarios imposibles de hasta 32 horas diarias, lo que cuestiona la veracidad de las propuestas.
Vínculos entre contratistas e interventores: Las conexiones entre Sitelsa, TGA Asociados y Discep generan un conflicto de interés, ya que la interventoría debería ser independiente para garantizar la transparencia.
Anticipo elevado: El hospital otorgó un anticipo del 40% (17.6 mil millones de pesos) sin que se hubiera iniciado la obra, una práctica que, combinada con la falta de independencia de la interventoría, aumenta el riesgo de malversación de fondos.
Supervisión comprometida: Julián Andrés Niño Ortega, quien apoyó la supervisión técnica del contrato, trabajó para Sitelsa entre 2021 y 2023, pero no declaró conflicto de interés, lo que pone en duda la imparcialidad del control.
Un caso en investigación
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha solicitado controles preventivos a los entes de control sobre el contrato de San Martín, entre otros, tras las denuncias. Sin embargo, la investigación de La Silla Vacía señala que la delegación de la contratación a los hospitales, sin controles robustos, ha facilitado estas irregularidades. El caso de San Martín refleja un patrón de favoritismo y falta de transparencia que pone en riesgo los 234 mil millones de pesos destinados a seis hospitales públicos, de un total de 1.2 billones asignados en 2023 para infraestructura hospitalaria.
