- En la denuncia se señala al esposo de Alexandra Pineda William Montoyo Villareal, como reclamante de tierra, sin ser víctimas del conflicto armado y desplazados en el departamento
- Los implicados trabajan en la misma entidad que adjudica las tierras. «Se organizaron como un cartel para que se les adjudiquen tierras” señalo Ospino
Una grave denuncia hizo públicamente la periodista y líder social Katia Ospino, implicando directamente a funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento del Cesar; a quienes señala de formar un «cartel» para traficar influencias y acceder ilegalmente a tierras destinadas a campesinos vulnerables.
La excandidata a la gobernación del Cesar, en una entrevista radial en el programa Punto de Vista de Radio Guatapurí y Cacica Stereo, implico a varias personas cercanas a Alexandra Pineda, asesora visible de la ANT en Cesar, quienes se inscribieron en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirantes a tierras gratuitas, presentándose como «pobres campesinos en estado de extrema vulnerabilidad», cuando la verdad es otra, se trata de personas prestantes.
Según Ospino, esto implica un abuso de poder para desviar oportunidades de la reforma agraria, destinada a víctimas del conflicto armado y desplazados en el departamento. «Es un escándalo bochornoso y vergonzoso», afirmó Ospino, destacando que estos actos equivalen a «estafar al Estado» y quitar tierras a quienes han esperado años por ellas.
Los implicados, según la denuncia, incluyen, entre otros, a las siguientes personas: William Henry Montoya Villarreal, esposo de Pineda y contratista de la ANT.
Andrea Carolina Navarro Serna, asistente de Pineda.
Alvis Luz Ortiz Rocha, prima de Pineda, según Ospino.
Alcides Rafael Araújo Molina, director territorial de la ANT en Cesar.
Ospino enfatizó que estos funcionarios y contratistas usurpan funciones y crean conflictos de interés, ya que trabajan en la misma entidad que adjudica las tierras. «Se organizaron como un cartel para que se las den a ellos», dijo, añadiendo que, al descubrirse la investigación periodística, varios comenzaron a desistir de sus solicitudes.
Por ejemplo, Araujo Molina presentó una carta de desistimiento el 15 de julio, apenas días antes de la denuncia pública. Ospino basó sus acusaciones en certificaciones obtenidas mediante derechos de petición y fuentes fidedignas, y mencionó que la Procuraduría ya tiene conocimiento de posibles conflictos de intereses.
La periodista también criticó la opacidad en la ANT Cesar, señalando que Pineda Ortiz, aunque contratista y no funcionaría oficial, actúa como la «voz visible» y usurpa roles del director territorial, quien es poco conocido y accesible. Ospino exigió avances administrativos y judiciales, recordando quejas previas sobre irregularidades, como audios donde se pedía dinero a funcionarios para actos políticos o fiestas.
En una entrevista posterior en el mismo programa Punto de Vista de Radio Guatapurí, Alexandra Pineda rechazó categóricamente las acusaciones de Ospino, calificándolas como un «ataque sistemático» orquestado por «sectores inescrupulosos» para sabotear la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro.
Pineda argumentó que la inscripción en el RESO es un trámite abierto a cualquier ciudadano, según la Ley 902 de 2017, y no implica adjudicación automática de tierras. «Registrarse no es ningún pecado ni acto de corrupción», afirmó, enfatizando que la asignación final depende de evaluaciones técnicas, jurídicas y sociales rigurosas.
Pineda aclaró que las inscripciones de los implicados ocurrieron «mucho antes» de su vinculación con la ANT y defendió que no existe conflicto de interés, ya que ella es contratista sin autonomía administrativa ni poder para nombrar personal.
Sobre su esposo, William Henry Montoya, explicó que es contratista desde 2016, habiendo participado en la implementación del punto uno de los Acuerdos de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que ganó su posición mediante convocatorias públicas. Respecto al desistimiento de Araujo Molina, lo atribuyó a «ataques y persecución» que ella misma ha sufrido, incluyendo cinco denuncias por amenazas relacionadas con su labor, como la recuperación de predios del narcoparamilitarismo.
Pineda enmarcó la denuncia en un contexto político más amplio, alegando que es un intento de «mafias» y opositores para empañar los logros de la ANT en Cesar, donde se han entregado 28.000 hectáreas a más de 3.500 familias. «Esto es un ataque contra el gobierno del cambio y la reforma agraria», dijo, destacando su trayectoria personal como víctima del conflicto armado y defensora de comunidades. Invitó a contrastar fuentes y no caer en «trampas mediáticas», reafirmando su compromiso con la entrega de tierras a quienes las trabajan con dignidad.
