Por: Diógenes Armando Pino Sanjur.
En el Congreso de la República avanza actualmente un proyecto de ley que busca crear el denominado “Bono Escolar”, una iniciativa que, según sus promotores, pretende otorgar a las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema la posibilidad de escoger libremente la institución educativa de sus hijos mediante recursos financiados por el Estado.
La propuesta ha sido presentada como una herramienta para ampliar oportunidades, garantizar mayor libertad de elección y permitir que estudiantes de escasos recursos accedan a instituciones privadas con mejores indicadores académicos. Incluso, sus defensores sostienen que la medida contribuiría a reducir las brechas de desigualdad educativa en el país.
Sin embargo, detrás de ese discurso de libertad educativa surge un debate mucho más profundo: el futuro de la educación pública en Colombia.
La discusión no puede limitarse únicamente a la posibilidad de escoger colegio. La educación es un derecho fundamental y uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho. Por ello, cualquier reforma que implique modificar la destinación de recursos públicos debe analizarse con responsabilidad jurídica, presupuestal y social.
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto radica en la eventual afectación del sistema oficial educativo. Si parte importante de los recursos públicos comienza a trasladarse al sector privado mediante bonos o subsidios, las instituciones públicas podrían perder matrícula y, en consecuencia, disminuir las transferencias que reciben a través del Sistema General de Participaciones.
El impacto sería considerable. Menos recursos podrían traducirse en deterioro de infraestructura, reducción de cobertura, debilitamiento de programas académicos y disminución de plantas docentes. En otras palabras, mientras algunos estudiantes migrarían hacia instituciones privadas, la educación pública —que sigue siendo la única alternativa para millones de colombianos— podría terminar debilitándose aún más.
A ello se suma otro aspecto de enorme importancia: la viabilidad constitucional y fiscal del proyecto.
La iniciativa crea gasto público, modifica la destinación de recursos y afecta competencias presupuestales del Estado, razón por la cual requiere aval fiscal del Gobierno Nacional y estudios técnicos de impacto presupuestal. De no cumplir dichos requisitos, una eventual ley podría enfrentar demandas ante la Corte Constitucional e incluso correr el riesgo de ser declarada inexequible.
Además, particularmente considero que esta medida podría convertirse en una forma de privatización indirecta del servicio público educativo. Aunque formalmente no privatiza la educación, sí podría generar una transferencia progresiva de recursos estatales hacia operadores privados y debilitar estructuralmente el sistema oficial.
Pero quizá la pregunta más importante sea otra: ¿la solución está en financiar el acceso al sector privado o en fortalecer verdaderamente la educación pública?
Durante décadas, el problema no ha sido la falta de libertad de elección de los padres, sino el abandono histórico de muchos colegios oficiales. Por ello, antes de implementar bonos educativos, el país debería concentrar sus esfuerzos en modernizar infraestructura, fortalecer laboratorios y bibliotecas, ampliar la conectividad, incorporar nuevas tecnologías y dignificar la labor docente.
El verdadero desafío del Estado colombiano no consiste en reemplazar progresivamente la educación pública, sino en garantizar que esta sea fuerte, universal y de calidad para todos. Porque una sociedad no se construye debilitando su sistema educativo oficial, sino fortaleciéndolo.
