Por: Diógenes Armando Pino Sanjur
Este 21 de junio, Colombia enfrenta una nueva encrucijada política. El debate electoral parece concentrarse entre dos corrientes ideológicas: por un lado, “Colombia Patria Milagro”, que se presenta como una alternativa para salvar al país del autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción y la penetración del narcotráfico; por el otro, “El Poder de la Verdad”, que propone profundizar las reformas, atacar las causas estructurales de los problemas nacionales y consolidar una nueva etapa de transformación democrática.
Sin embargo, más allá de los nombres y los eslóganes, existe una realidad preocupante: hace mucho tiempo dejamos de elegir con base en las propuestas para comenzar a votar movidos por el miedo. El debate público se ha convertido en un escenario de descalificaciones mutuas, donde parece más importante destruir al adversario que convencer al ciudadano. Como consecuencia, hemos alimentado la polarización, debilitado la confianza institucional y relegado los verdaderos problemas del país.
Colombia necesita con urgencia una reforma profunda al sistema de salud que garantice recursos suficientes, fortalezca la red hospitalaria, mejore la atención primaria y asegure un acceso oportuno y de calidad para todos los ciudadanos. De igual manera, la educación debe asumirse como una política de Estado y no de gobierno. El reto ya no es solo ampliar la cobertura, sino elevar la calidad, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, dignificar la profesión docente, avanzar en la transformación tecnológica de las aulas y brindar una infraestructura educativa adecuada.
También se requiere una estrategia nacional de empleo y productividad que impulse el crecimiento económico, reduzca la pobreza y fortalezca las finanzas públicas. La gobernabilidad depende, además, de un Estado con mayor capacidad territorial, razón por la cual resulta necesario fortalecer la descentralización y dotar a departamentos y municipios de mejores herramientas para atender las necesidades de sus comunidades.
En materia de seguridad, la búsqueda de soluciones negociadas no puede significar la renuncia al control legítimo del territorio. El Estado debe recuperar su capacidad para combatir el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y demás economías criminales que afectan la tranquilidad de millones de colombianos.
La lucha contra la corrupción también exige acciones contundentes. Se necesitan mayores niveles de transparencia, controles efectivos, trazabilidad digital del gasto público y sanciones ejemplarizantes para quienes se apropian de los recursos destinados al bienestar colectivo.
La verdadera discusión no debería centrarse en quién representa mejor a la izquierda o a la derecha, sino en quién ofrece las mejores soluciones para los problemas que afectan a Colombia. Si seguimos atrapados en la lógica del miedo, la confrontación y los extremos, poco importará quién gane las elecciones. El país continuará dividido y los grandes desafíos nacionales seguirán esperando respuestas.
Una democracia madura no se construye sobre temores, sino sobre propuestas capaces de transformar la realidad. De lo contrario, seguiremos enfrascados en una disputa interminable de relatos, descalificaciones y etiquetas ideológicas, incapaces de construir los consensos que Colombia reclama. Y entonces, sin importar quién resulte vencedor en las urnas, terminaremos sumidos en una “Colombia País Desastre” o en “El Poder de la Mentira”.
