Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista
Con mis asesores periodísticos Wicho y Moncho nos dirigimos a Usted amable lector con el fin de que aclare sus dudas sobre la expedición del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023 el cual levantó una polvareda en la que las imprecisiones y verdades a medias han desenfocado la discusión. Si bien el decreto levanta la prohibición para el porte de la dosis mínima en Colombia —que el gobierno de Iván Duque definió era objeto de multas—, desde la oposición al Gobierno nacional han cuestionado la medida diciendo que solo beneficia a los jíbaros o que abre la puerta al consumo de fentanilo en el país.
El Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, deroga la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos y que le quita la facultad a la Policía para incautar cantidades menores a la dosis mínima, desató muchas reacciones rechazando la decisión del Gobierno nacional sobre la lucha contra el microtráfico de drogas en el país.
En X, el presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas advirtiendo que el porte de la dosis mínima es legal en el país y que con el decreto se busca es reencausar la lucha contra el narcotráfico para perseguir a los “grandes capos de la droga” y no a los ciudadanos que consumen drogas en el país. También arremetió contra la prensa.
“Estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el código de policía con delito, que se expresa en el código penal. Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”
«Lo único que hizo el Gobierno fue cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y corregir una medida inconstitucional de la administración Duque”.
Si les creyéramos a ciertos líderes políticos, el gobierno de Gustavo Petro acaba de darles un golpe certero a la esencia de la seguridad y a las familias en Colombia. No exageramos. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de X: “Legalizar la droga, y, ¿entonces la juventud y la familia y el futuro de la nación?”. Otro expresidente, Iván Duque, escribió que “con las nuevas deposiciones les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, las niñas, la juventud y las familias colombianas”. Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, dijo que “muchas decisiones presidenciales están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”. Lo dicho, parece que estuviéramos frente al acabose. Con un solo problema: lo único que hizo el Gobierno fue cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y corregir una medida inconstitucional de la administración Duque. ¿Por qué no se pueden dar debates maduros sobre el tema de las drogas?
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el Decreto 2114 “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”. Esto lo hace para cumplir la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-127 de 2023, el alto tribunal fue claro en decir que la prohibición del consumo quedó mal hecha, pues violaba derechos fundamentales. Y aclaró que “llevar consigo la sustancia con fines de consumo propio o de dosis medicada, lo que constituye una acción sin relevancia externa, no pone en riesgo o en peligro los derechos de los niños” y por eso no puede ser sancionada. Entonces, lo único que hizo el Gobierno fue cumplir con la jurisprudencia. Volviendo al ministro Osuna, dijo que no se “elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.
Es irresponsable, entonces, que líderes políticos desinformen y siembren pánico sobre un tema que no lo merece. Además, porque en el proceso desconocen que las multas al consumo individual, más allá de luchar contra el microtráfico, se prestan para perfilamientos, abusos de autoridad y fricción entre las autoridades de policía y las comunidades. Como lo señaló en Espectador en su momento cuando la administración Duque anunció con rimbombancia las medidas policivas: eran mucho ruido con pocos efectos. Se trata de una estrategia caduca que no protege a los niños, niñas y adolescentes, y solo crea más violencia. Populismo del más efectivo, pues les habla a los miedos de padres y madres, pero que en la práctica no muestra resultados.
Lo más preocupante es que Colombia sigue en mora de una discusión pública sobre la guerra contra las drogas. La lucha en las ciudades contra los carteles de microtráfico la estamos perdiendo y no es por falta de capacidades de las autoridades, sino porque no tenemos herramientas alternativas para cambiar el paradigma. El problema es que, si cada vez que se propone un cambio, salen los argumentos falaces de protección a niños y niñas, nunca vamos a poder avanzar.
El presidente Gustavo Petro, quien pidió a los colombianos no dejarse engañar. “Todo lo demás continua igual. La prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio. También esto es mandato de la Corte Constitucional que acatamos y con la que estamos de acuerdo”.
“Al derogar las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan” y “podemos hablar de Paz al barrio”, manifestó el primer mandatario. De acuerdo con él, derogar las multas al porte establecidas de manera inconstitucional hará que “la herida abierta entre la juventud barrial y la policía local se pueda cerrar, porque el Estado deja de ejercer una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes; la mayoría no son consumidores”.
En otros gobiernos, dijo, “se construyó como enemigo interno a la juventud barrial, eso llevó al ajusticiamiento de miles de jóvenes y al estallido social respondido por el Estado con decenas de muertos y miles de detenidos, todos jóvenes”. “Esa guerra contra la juventud ha terminado. La policía debe lograr acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohíbe. Capturar al capo, al lavador de dólares, y capturar a los delincuentes que azotan a la ciudadanía. La juventud del barrio no es el enemigo, es la Nación futura”, añadió Petro.
Para terminar, mencionamos la respuesta de nuestro presidente Petro al gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, luego de que ambos políticos criticaran la decisión del gobierno de derogar el decreto del Código de Policía contra el porte y la venta de drogas en espacios públicos.
(…) preguntando según él “con todo respeto” si acaso no leen o “se hacen los…” y les recordó que la Corte Constitucional dijo que serán las autoridades locales quienes determinen en qué sitios se podrá consumir drogas y en cuáles otros no y dijo que le tocará al alcalde electo de Medellín y al Concejo de esta ciudad definir esto último.
