Por: Fabio Alonso Vergel Serna – economista

    Amables lectores el objetivo principal de la conversación con Pablo mi nieto es ayudarles a comprender el tema central de este artículo es cómo está distribuida la nómina de los funcionarios públicos de las entidades del orden nacional, y encuentro que el cargo con el mayor sueldo ronda los $90 millones según el estudio, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

    Tres puestos del Estado tienen un salario mensual más alto que el mismo Presidente de la República.

    El cargo público con la mayor asignación salarial es el del subsecretario general del Senado de la República, que, aunque tiene un sueldo básico de $19,8 millones ($19.873.879), si se suman bonificaciones, primas y otros gastos distintos a la asignación básica mensual, su salario llega a $89,2 millones ($89.222.561).

     En segundo lugar, están los dos mayores generales de la Policía Nacional, con una asignación básica de $8,4 millones ($8.425.683), pero un salario mensual de $66,6 millones ($66.698.272). Y el tercer puesto es también para el Congreso, el director general del Senado gana $65,7 millones mensuales ($65.727.369), de los cuales $40,4 millones son en bonificaciones, ya que su sueldo básico es de $25,3 millones.

     Después de estos tres cargos públicos, aparecen los sueldos del Presidente de la República ($57,1 millones) y de los 108 senadores, que cada uno gana $51,6 millones al mes. Los secretarios generales del Senado y Cámara de Representantes siguen en el ranking con salarios de $49,6 millones y $48,6 millones, respectivamente.

    En cuanto a las entidades del Gobierno, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, son los que más ganan con sueldos mensuales de $48,2 millones y $48 millones, respectivamente.

    El informe encontró que la asignación básica, es decir, la parte del salario fija invariante mes a mes, representa solo el 40% del gasto de personal.

     El otro 60% se destina a diferentes rubros como bonificaciones, primas, contribuciones, indemnizaciones, entre otros conceptos. «Este hallazgo refleja la necesidad urgente de revisar la estructura de gasto de personal, ya que demuestra que la mayor presión está sobre un componente que puede incrementar significativamente el gasto sin traducirse en un aumento proporcional en la eficiencia o productividad del empleado», dice el Observatorio.

    Para el abogado penalista Francisco Bernate, este aumento es normal porque el dinero va perdiendo su valor. “La situación se va a ver mucho más evidente cuando miramos que con anterioridad a 1991 los salarios de los congresistas y de los funcionarios no eran decorosos, lo que no solo incentivo la corrupción, sino que desincentivo el servicio público”.

     Cabe resaltar que estos aumentos no solo se generan en los congresistas, sino en todos los funcionarios públicos. Esto sucede porque desde la Constitución de 1991 se estableció que el reajuste salarial también se debe aplicar para todos los magistrados de las Altas Cortes, el procurador, el Contralor, entre otros.

     Sin embargo, para muchos colombianos este salario es desmedido, sobre todo si se tiene en cuenta que el pensamiento generalizado es que los congresistas no trabajan y que van a dormir.

    Respecto a este punto, el analista Carlos Andrés Arias, aseguró que el salario es consecuente con las responsabilidades que tienen un congresista. Sin embargo, “el asunto es cuál es el indicador de resultado de un representante o de un senador, esos indicadores en este caso no se conduelen y no son coherentes con su trabajo”, aseguró.

    Agregó que esta sensación queda porque muchos de ellos se abstienen de ir a las reuniones y que incluso se limitan a estar sin proponer o sin hacer un ejercicio de reflexión legislativa. “Lo que buscan es un ejercicio de interés político y electoral para conseguir sus estructuras o consolidar el poder político de un gobernante o de un líder de oposición”, añadió.

    Los analistas agregaron que históricamente tanto los congresistas como los magistrados pertenecen a ese 1% de la población más rica de Colombia.

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