En una mesa de trabajo realizada en el corregimiento de Caracolí en jurisdicción de Valledupar en la que participaron las autoridades locales y la fuerza pública se tomaron decisiones administrativas y anunciaron estrategias de seguridad para restablecer el orden público tras el por el reciente asesinato de tres hombres y una mujer en la zona.
En lo compromisos adquiridos por la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar se destaca el ofrecimiento de una recompensa de $30 millones por información veraz que conduzca a la captura de los responsables de esta masacre y de aquellos que han amenazado a líderes sociales en los corregimientos del sur.
La reunión, realizada en la plaza principal de Caracolí, y en la que participó la comunidad, estuvo encabezada por la Secretaría de Gobierno Municipal, autoridades locales, Policía, Ejército Nacional, y otras entidades, las cuales acordaron estrategias para restablecer el orden público y la tranquilidad en los corregimientos del sur de Valledupar.
En la mesa de trabajo el secretario de Gobierno, Jorge Luis Pérez, anunció: “el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana mantendrán presencia permanente en el corregimiento de Caracolí. Este dispositivo de seguridad estará activo durante todo el día, con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad y prevenir futuros actos de violencia”.
Así mismo las autoridades locales ratificaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones involucradas para garantizar la seguridad en los corregimientos del sur de Valledupar. Fue establecido un seguimiento continuo a las acciones implementadas, y se acordó convocar nuevas reuniones de seguridad para evaluar los avances, y ajustar las estrategias en la medida en que sea necesario.
Como se recordará, el pasado martes dentro de una vivienda fueron asesinados Luis Miguel Támara Castillo, de 29 años, alias “El Huevo”; su pareja sentimental Yulibeth Morillo López, de 38 años, conocida como ‘La Cucaracha’, Jader Pertuz, de 25 años, y Jaison Javier Arango, de 22 años. El caso presuntamente está vinculado a temas de microtráfico e injerencia de grupos armados en la comercialización de estupefacientes en el territorio.
Asimismo, unos panfletos amenazantes contra líderes sociales y comunales, han estado circulando en la zona corregimental del sur de esta capital, lo que encendido las alertas de las autoridades que ya establecieron mecanismos de protección y seguridad para garantizar la seguridad de los pobladores de la zona.
